Pregunta 1: Ampliar la Ley de Registros Públicos

La correspondencia de gestión de casos —por ejemplo, alguien que pide ayuda a la oficina de un legislador con sus beneficios de desempleo— queda excluida, pero solo cuando «se relacione razonablemente» con esa ayuda. Un mensaje que en realidad trate de una postura política, y no de conseguir ayuda con un beneficio, un servicio o un trámite ante una agencia, quedaría fuera de esa excepción y todavía podría hacerse público.

La petición excluye «comunicaciones, memorandos, borradores u otros documentos relacionados con el desarrollo de posturas de política pública» de los legisladores o del Gobernador, y no define más la frase. El resumen oficial del estado la repite sin acotarla. Eso deja que el alcance se resuelva en la práctica: por las oficinas que deciden qué entregar, y por quien impugne esas decisiones. En una lectura amplia podría abarcar casi toda la deliberación detrás de un proyecto de ley; en una lectura estrecha, solo el trabajo de redacción. El texto de la petición no decide entre las dos.

Lo mismo que pasa hoy: esta medida no lo cambia. Bajo la ley actual, el funcionario de acceso a registros tiene 10 días hábiles para responder por escrito. Si te niegan la solicitud, o no te contestan, puedes apelar ante el Supervisor de Registros de la oficina del Secretario de la Mancomunidad, y después ante el tribunal superior, que puede ordenar el pago de honorarios de abogado. Esta medida somete a la Legislatura y a la oficina del Gobernador a ese mismo proceso, en lugar de crear uno nuevo. Los grupos de transparencia llevan tiempo señalando que se aplica débilmente. Un voto SÍ amplía a quiénes alcanza la ley; no cambia cómo se hace cumplir.

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron cada uno su propia versión de un proyecto de ley sobre registros públicos, el H.5469. Las dos versiones difieren, un comité de conferencia trabaja en un acuerdo y, al 7 de octubre, no se ha firmado nada. Ambas versiones funcionan de manera distinta a la Pregunta 1:

• Ambas cubren a la oficina del Gobernador. Ambas cubren también a la Legislatura, pero mediante un proceso de solicitud aparte, a cargo de los propios funcionarios de registros de la Legislatura, y no mediante la ley de registros públicos vigente.
• La Legislatura solo tendría que entregar un conjunto de documentos finales que figura en una lista. La lista tiene 17 categorías en la versión de la Cámara y 19 en la del Senado, e incluye cosas como proyectos de ley, votos de comités, registros de audiencias, diarios de sesiones, registros financieros e informes de auditoría. La Pregunta 1 cubre los documentos en general, con tres excepciones.
• Ambas versiones dicen que ese proceso es el «recurso único y exclusivo» para obtener documentos de la Legislatura, y que ninguna otra ley que dé acceso público a los registros se le aplica, incluida la ley de registros públicos.
• La versión de la Cámara también limita lo que la Auditora Estatal puede auditar en la Legislatura y mantiene a los tribunales fuera de las disputas sobre auditorías. La versión del Senado no incluye eso.

Eso es objeto de disputa, y todavía no se puede resolver porque no existe un proyecto final. La Auditora Estatal Diana DiZoglio, quien presentó la petición, dice que el lenguaje del «recurso único y exclusivo» busca impedir que la Pregunta 1 se aplique a la Legislatura aunque los votantes la aprueben. El presidente de la Cámara, Ron Mariano, ha dicho que su proyecto aumentará el acceso a los registros públicos. El comité de conferencia no ha presentado su informe y el texto podría cambiar.