Pregunta 6: Fondo de conservación de recursos

No del todo. Acreditar la recaudación del impuesto sobre las ventas al fondo es automático (no se puede devolver al Fondo General), pero gastarlo cada año sigue requiriendo una asignación legislativa, igual que la mayor parte del gasto estatal. Es un ingreso garantizado, no una forma de saltarse a la Legislatura.

En parte, sí, y la petición solo cierra esa puerta a medias. Como la conservación y la recreación ya reciben unos $400 millones al año del Fondo General, la Legislatura podría acreditar el nuevo fondo y reducir ese gasto existente, dejando el total casi igual que antes. La petición aborda esto en un solo punto: ordena a la junta «Nature for All» redactar «pautas que impidan que los gastos suplanten o provoquen de otro modo una disminución del gasto con cargo al límite de endeudamiento en los programas de capital existentes» (Sección 1(d)). Eso protege los programas de capital financiados con deuda del estado. No existe un requisito equivalente de mantener las asignaciones de funcionamiento. El argumento del otro lado es que un fondo dedicado al menos hace visible cualquier recorte de ese tipo, ya que el ingreso se acredita de forma automática y no se puede devolver al Fondo General.

No. Redirige los impuestos estatales que ya se recaudan sobre la venta y el uso de artículos deportivos y vehículos recreativos, y sobre el uso de campos de golf. No crea un impuesto nuevo.

No se acredita nada hasta el 1 de julio de 2027, unos ocho meses después de la elección. Ese primer año el fondo recibe la mitad de la recaudación, unos $32 millones. Los ~$65 millones anuales completos no empiezan hasta el 1 de julio de 2028. Así que la cifra de $65 millones de los titulares corresponde al año fiscal 2029. Como referencia, la conservación y la recreación ya reciben unos $400 millones al año de los ingresos generales.

La ley enumera seis cosas que cuentan como «conservación de recursos naturales», y no fija un reparto entre ellas:

• Proteger tierras para el agua potable y para ríos, lagos y costas limpios.
• Conservar granjas, bosques y hábitat para la biodiversidad y la resiliencia climática.
• Crear parques, espacios verdes, senderos y acceso a la recreación al aire libre, con prioridad para los barrios desatendidos.
• Conectar parcelas de espacio abierto.
• Proteger tierras de significado cultural indígena.
• El cuidado continuo de tierras ya conservadas.

Una junta de 15 miembros llamada «Nature for All» escribe las reglas de cómo sale el dinero. Cinco asientos son funcionarios estatales en ejercicio: el Secretario de Energía y Asuntos Ambientales, los Comisionados de Pesca y Caza y de Conservación y Recreación, la Secretaria de Vivienda y Comunidades Habitables, y el Jefe de Clima del estado. Los otros diez son miembros del público que nombra el gobernador, y deben incluir a personas de comunidades desatendidas, representación indígena y experiencia en conservación. La Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos Ambientales es la que hace el gasto bajo esas reglas, y la Legislatura sigue asignando el dinero cada año.

A ningún lugar nuevo: el impuesto ya se cobra y ya entra al Fondo General del estado, donde compite con todas las demás prioridades del presupuesto. Un voto NO mantiene ese arreglo. Los programas de conservación y recreación seguirían financiándose como hoy, unos $400 millones al año de los ingresos generales, decididos presupuesto por presupuesto.