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Las 9 preguntas / Pregunta 8 de 9
Cannabis

Pregunta 8: Prohibir la venta de marihuana recreativa

Derogaría la ley de 2016 que legalizó la venta de marihuana recreativa, terminando con la industria minorista de cannabis del estado mientras mantiene legal la posesión de pequeñas cantidades.

Verificado por última vez el 27 de octubre de 2026 según la guía oficial.

Un voto SÍ: La venta recreativa de marihuana y el cultivo en casa vuelven a ser ilegales. Un voto NO: El mercado minorista legal se queda como está.

Mira: la Pregunta 8 en poco más de un minuto (video en inglés)
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Un voto SÍ

Deroga las leyes que permiten la venta, regulación y cultivo en casa de marihuana recreativa en Massachusetts. Los adultos de 21 años o más podrían seguir poseyendo hasta una onza sin sanción; poseer entre una y dos onzas (o hasta dos onzas si es menor de 21) conllevaría una multa civil en vez de cárcel. La Comisión de Control de Cannabis seguiría regulando solo la marihuana medicinal. Si se aprueba, Massachusetts sería el primer estado en revertir una ley de legalización aprobada por los votantes.

Un voto NO

Mantiene el mercado minorista legal de marihuana y las reglas de cultivo en casa tal como han funcionado desde que los votantes aprobaron la legalización en 2016.

Tu voto en la Pregunta 8

A quién afecta

  • Clientes de uso adulto (recreativo)
  • Dispensarios con licencia y sus empleados, quienes perderían su negocio
  • Ciudades y pueblos que actualmente recaudan impuestos sobre el cannabis

Preguntas frecuentes

¿Esto afectaría a las personas que ya tienen pequeñas cantidades de marihuana?

Hasta 1 onza, no. Hoy los adultos de 21 años o más pueden tener hasta 2 onzas (una ley estatal de 2026 subió el límite desde 1 onza). Con la Pregunta 8, hasta 1 onza seguiría sin sanción, pero más de 1 onza y hasta 2 conllevaría una multa civil de $100 y el decomiso de la marihuana, en lugar de cárcel. Los adultos todavía podrían regalar hasta 1 onza a otro adulto si no se anuncia.

¿Todavía podría cultivar las mías?

Para uso recreativo, no. El derecho a cultivar en casa está en el capítulo 94G, sección 7 de la ley estatal —hasta 6 plantas por adulto y 12 por vivienda, en tu residencia principal— y la sección 6 de esta petición deroga el capítulo 94G por completo. Los pacientes de marihuana medicinal son un caso aparte: la medida mantiene el programa medicinal, y un paciente registrado que califique para un registro de cultivo por dificultad todavía podría cultivar un número limitado de plantas. Un detalle que conviene saber, porque apunta en sentido contrario: la petición también le ordena a la Comisión de Control de Cannabis redactar pautas sobre el cultivo de marihuana en una residencia principal, lo que a primera vista parece indicar que el cultivo en casa sobrevive. Esa instrucción está dentro de las modificaciones que la medida hace al capítulo de marihuana medicinal y remite a la disposición de dificultad médica, así que parece referirse a los pacientes y no al público en general. El resumen oficial del estado describe esta medida como el fin de la venta minorista y un cambio en las sanciones por posesión, y no menciona el cultivo en casa en ningún sentido.

¿Qué pasa con los pacientes de marihuana medicinal?

El programa medicinal continúa, y esta medida no impone ningún límite a lo que pueden comprar los pacientes. Vale la pena decirlo con claridad, porque ha circulado lo contrario: límites de potencia de 30% de THC para la flor, 60% para los concentrados y 5 mg por porción. Esos límites existen, pero corresponden a la Versión A de esta petición (25-09), una versión que fue certificada pero que no llegó a la boleta. La medida que aparece en tu boleta es la Versión B (25-10), y no contiene ninguna disposición sobre potencia. Lo que sí cambiaría para los pacientes es la red de tiendas: las que atienden a los dos mercados tendrían que convertirse en exclusivamente medicinales o cerrar.

¿Algún otro estado ha derogado alguna vez una ley de legalización aprobada por los votantes?

No. Si esto se aprueba, Massachusetts sería el primer estado del país en revertir la legalización de la marihuana después de que los votantes la aprobaran.

Si se prohíbe la venta minorista, ¿la gente no compraría simplemente en el mercado no regulado?

Ese es el argumento central de los opositores: prohibir la venta minorista con licencia empujaría a los compradores de vuelta a un mercado no regulado, sin verificación de edad ni pruebas de producto, deshaciendo el sistema regulado que los votantes aprobaron en 2016. Los partidarios responden que el costo para la salud pública de los productos legales de alta potencia de hoy, sobre todo el acceso de los jóvenes, pesa más que esos riesgos. Ninguno de los dos bandos ofrece una estimación firme de cuántos compradores se pasarían realmente al mercado ilegal.

Si se aprueba, ¿cuánto tiempo tienen las tiendas para cerrar?

La derogación entra en vigor el 1 de enero de 2028, unos 14 meses después de la elección. La petición no fija un calendario de cierre gradual, ni un periodo de transición, ni un periodo de gracia: la Sección 1 deroga la ley de venta minorista de marihuana y la Sección 10 fija esa fecha de entrada en vigor. La única concesión es la Sección 8, que ordena a la Comisión de Control de Cannabis «agilizar y simplificar» el proceso para que los titulares actuales de licencias de uso adulto obtengan en su lugar licencias de marihuana medicinal. Así que las opciones realistas de una tienda con licencia son convertirse en medicinal o cerrar para esa fecha. La Sección 8 también permite que las tiendas vendan el inventario de uso adulto que les quede a dispensarios de marihuana medicinal. La petición no dice qué pasa con las cuotas de licencia ya pagadas ni con los empleados. Eso quedaría en manos de la Legislatura o de la Comisión.

¿Qué efecto tendría en los presupuestos de ciudades y pueblos?

Acabaría por completo con los ingresos municipales por cannabis. Las ciudades y pueblos que albergan un dispensario pueden cobrar hoy un impuesto local de hasta el 3% de las ventas minoristas, y además una cuota por impacto comunitario. Ambos provienen de los dos capítulos de ley que esta medida deroga, así que ambos desaparecerían junto con el mercado minorista. Solo en el año fiscal 2025, la declaración oficial de consecuencias fiscales del estado calcula que los impuestos a la marihuana de uso adulto recaudaron unos $280 millones para el estado y $50 millones para los gobiernos locales. Con el tiempo, los municipios han recaudado alrededor de $196 millones del impuesto local del 3% desde que empezó (hasta agosto de 2025), sobre más de $8 mil millones en ventas de uso adulto en todo el estado. Es un total acumulado, no una cifra anual. Está concentrado más que repartido de forma pareja: Boston, Worcester, Fall River, Northampton y Great Barrington son las que más recaudan, y un pueblo sin dispensario no recauda nada de todos modos. Las cuotas por impacto comunitario alcanzaron su punto máximo en 2022 y han caído bruscamente desde que una ley de ese mismo año exigió que estuvieran ligadas a costos documentados.

Quién apoya, quién se opone, y por qué

Los partidarios dicen

La Coalition for a Healthy Massachusetts presentó la petición, alineada con el grupo nacional Smart Approaches to Marijuana. Argumentan que la marihuana recreativa legal ha puesto a disposición un producto mucho más potente, incluso para jóvenes, y dicen que el costo para la salud pública supera los ingresos fiscales y empleos que trae la industria, aunque aclaran que la posesión simple seguiría siendo legal de cualquier forma.

Financiamiento: Unos $3.78 millones a través de la Coalition for a Healthy Massachusetts, financiada por su respaldo nacional SAM Action Inc. (una organización sin fines de lucro de Virginia que no divulga a sus propios donantes) — casi todo el dinero del lado del SÍ.

Los opositores dicen

Stop the Repeal, operado a través del Committee to Protect Cannabis Regulation, lidera la oposición, junto con grupos de la industria y comercio del cannabis. Argumentan que la derogación eliminaría una industria ya regulada y que paga impuestos, junto con sus empleos, empujaría a los compradores de vuelta a un mercado no regulado sin verificación de edad ni pruebas de producto, y revertiría una ley que los propios votantes aprobaron en 2016, todo esto sin resolver el acceso juvenil, que dicen proviene principalmente de ese mercado no regulado, no de las tiendas con licencia.

Financiamiento: Unos $2.96 millones entre cuatro comités que se oponen a la derogación, casi todo a través del Committee to Protect Cannabis Regulation e incluidos $100,000 de la Retailers Association of Massachusetts, más unos $185,000 en apoyo en especie. El más nuevo de los cuatro, la Coalition for Responsible Cannabis Policy, se registró en septiembre de 2026 y ha reportado unos $150,000, casi todo de un solo donante, Todd Stiefel.

Informes de los comités en OCPF: A favor: Coalition for a Healthy Massachusetts, Inc.En contra: Committee to Protect Cannabis Regulation · Committee for Keep Cannabis Legal, Vote No on 8 · Democratic Socialists Against Reactionary Rollbacks · Coalition for Responsible Cannabis Policy

Las cifras de financiamiento son los ingresos totales reportados a OCPF desde que cada comité se organizó, hasta los informes que cubren el período terminado el 26 de octubre de 2026, verificadas el 27 de octubre de 2026. Estas cifras cambiarán antes del día de las elecciones.

Cómo leer estas cifras

El apoyo en especie se indica por separado cuando es significativo. Verifica cada cifra en los informes de OCPF. La vista resumida de OCPF reporta el dinero gastado y divide por partes iguales entre dos preguntas a un comité que trabaja en ambas, así que sus totales por pregunta son menores que los ingresos que se muestran aquí. La página de cada comité en OCPF sí muestra sus ingresos.

Otros lugares donde buscar

Ninguna guía debería ser la única que consultes. Estas valen tu tiempo, y un par de ellas hacen cosas que este sitio no puede hacer:

Resumen oficial y texto completo: Secretario de la Mancomunidad, Información para Votantes. Antecedentes e información de financiamiento recopilados de investigaciones no partidistas del Centro de Análisis de Políticas Estatales de la Universidad de Tufts y registros de financiamiento de campañas de OCPF.